Aunque parezca que estoy loco, mi recomendación es esa: actúen como lo hicieron los congresistas. Dicha recomendación obviamente va a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) quienes tendrán que resolver en unos días más si ponen punto final a una serie de demandas de inconstitucionalidad planteadas por grupos afectados por la reforma del regimen pensionario del DL 20530, más conocido como Cédula Viva.
El año pasado contra lo que propios y extraños creíamos el Congreso aprobó -en segunda votación- lo que para muchos es el mayor logro del presente gobierno: el cierre de la Cédula Viva. Si para poner en marcha Camisea nos demoramos más de 20 años; para cerrar la Cédula Viva se tardó más de 40 años. En 1962 se intentó sin éxito. Luego vino el DL 20530 de 1974, que supuestamente cerraba la Cédula Viva pero hemos tenido que esperar hasta ahora para hacerlo en serio. Bueno, casi. Ahora el TC tiene que volver a opinar como ya lo hizo en un fallo anterior para ponerle punto final a un sistema del cual muchos se aprovecharon y terminaron por hacerlo absolutamente insostenible, injusto y corrupto.
Sin embargo, ahora los mismos que intentaron impedir que este trascendental paso se diera han presentado un pedido ante el TC para que este declare inconstitucional todo el proceso y se regrese a la situación previa a la reforma. Esto era totalmente esperable pero no deja de poner en riesgo todo lo avanzado. Me explico. Una cosa fue que 88 congresistas votaran a favor de la reforma. Otra cosa más complicada aún fue que congresistas que a pesar de que iban a recibir los beneficios de la Cédula Viva votaran a favor del cierre del régimen.
Hay dos diferencias enormes entre la votación que tiene que hacer el TC y la del Congreso. La primera es que de seis miembros, cuatro de ellos son beneficiarios de la Cédula Viva. Es decir, la mayoría. Esto no pasaba en el Congreso y por lo tanto era más probable que la reforma se aprobase. La segunda diferencia es más fundamental aun. Mientras los congresistas son “juzgados” en la siguiente elección por los votantes que sabrán como votaron en los momentos claves (Cédula Viva, regalías, votación facultativa, etc); los miembros del TC no estan sujetos a ese tipo de penalidades ciudadanas. Y al ser de última instancia su fallo no será revisado por nadie más.
Es por todo ello que el proceso de reforma constitucional liderado por el Ejecutivo fue extremadamente cuidadoso de respetar en cada momento el debido proceso y atender con especial cuidado las recomendaciones que el propio TC planteó en fallos previos. Espero, como todos, que el TC se porte a la altura del caso reafirmando un compromiso por añadir sensatez en la política de pensiones públicas, y por evitar los excesos que plagaron el régimen de la cédula viva. Sinceramente espero que el fallo confirme la voluntad de transformar el sector público que 88 congresistas apoyaron en diciembre pasado poniendo primero el Perú y no sus bolsillos.
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