¿Mala hierba nunca muere?

Cuando el año pasado el Congreso confirmó con la segunda votación la reforma de la llamada Cédula Viva desde esta columna aplaudimos de pie el gesto de desprendimiento de nuestros representantes. Un grupo de congresistas a pesar de ser beneficiarios de la Cédula Viva votaron contra sus bolsillos pero pensando en el interés nacional y optaron por consolidar una de las reformas más importantes de este periodo presidencial. Reforma que fue ratificada por el fallo del Tribunal Constitucional de hace unos meses.

Todos quedamos sorprendidos con el gesto y esas semanas el Congreso tuvo una lavada de cara. Sin embargo, el viernes pasado el Congreso ha decidido borrar con el codo lo hecho el año pasado. Como explicamos entonces uno de los problemas principales de dicho régimen previsional era que se habían otorgado beneficios excesivos a unos pocos dejando a una gran mayoría de pensionistas de ese mismo régimen con pensiones ínfimas. Por esta razón uno de los principios claves de la reforma era la necesidad de redistribuir de las pensiones más altas a las pensiones más bajas. Obviamente que las pensiones de los congresistas caían en el primer grupo.

A pesar de que en el diseño inicial de la reforma planteamos que las pensiones 20530 no deberían superar el tope de una UIT, digamos mil dólares, el proceso de negociación política de la reforma llevó a que este tope se elevara al doble. Sin embargo, insistimos en que se debía priorizar la velocidad de convergencia hacia las nuevas pensiones para que la reforma generase los fondos necesarios para poder cumplir con lo ofrecido al grupo de jubilados con pensiones más bajas. De otro modo, se estaría forzando al Fisco a financiar –hoy- esos mayores gastos. Lo que el Congreso ha aprobado obligaría a buscar 20 millones de soles sólo este año. Esto implica reducir el ahorro que la reforma generaba en 70 por ciento.

Por ello, la reforma estableció que el descuento del 18 por ciento anual se haría al monto total de la pensión. El Congreso ha aprobado algo que ya había sido desestimado por las razones que he señalado. Ellos quieren que el descuento se calcule sobre la diferencia entre la pensión actual y el tope fijado por ley. Es decir, en lugar de que en cinco años se llegue a la pensión máxima fijada por la reforma, se tomarían más de 10 años. Además quieren elevar el tope anual para que la reducción sea menor.

No me queda más que reclamar que el Ejecutivo observe sin más demora la ley aprobada por el Congreso de la República hace unos días. Lástima que algunos congresistas saquen la calculadora y decidan su voto en función a si les alcanza la plata para ese viajecito a Europa dado que –en promedio- menos de un 25 por ciento de los congresistas actuales tiene chances de salir reelecto. Sería interesante que nosotros los electores sepamos quienes votaron en contra de su voto del año pasado. A si no nos venden mala hierba por flores.

Publicado en El Comercio, OCtubre 13, 2005