Hasta hoy la campaña electoral sigue pareciéndose más a un concurso de belleza que a un concurso de talentos. A los candidatos se les revisa por el revés y por el derecho en su vida privada, se les pregunta por sus opciones individuales y muy poco por sus ideas políticas. Como en todo concurso de baile las parejas poco a poco se van agotando y se van quedando sin nuevos pasos para mostrar y entonces la discusión puede pasar a otros temas. Uno de los temas centrales que hasta ahora no es realmente abordado en la campaña es la reforma de los programas sociales a cargo del Estado.
La visión que se tiene al respecto es una donde el Estado “tiene” que intervenir para corregir profundas diferencias en educación, nutrición, salud, y cobertura previsional. Nadie discute que estas diferencias existen o que es imperativo buscar que la acción del Estado busque corregirlas. El centro del problema es cómo hacerlo. Pero quería reflexionar en esta nota sobre uno de los principios que fundamentan la acción social del Estado: el de la solidaridad.
Muchas veces se argumenta que la necesidad de la intervención del Estado se basa en el principio básico de la solidaridad. Se alega que el Estado no puede dejar de atender las demandas sociales. En la práctica eso es exactamente lo que hace todos los días. Un ejemplo reciente es cuando se pide que el Estado pague parte de las pensiones de los trabajadores que no logran generar un aporte suficiente para tener una pensión mínima. Nos olvidamos rápidamente que esos recursos provienen de los impuestos que usted y yo pagamos. Pero también salen del bolsillo de muchos contribuyentes que no recibirán nada de ese beneficio a pesar que muchos de ellos tienen menores ingresos que los que si recibirán el beneficio. ¿Uno puede hablar de solidaridad cuando también pagan los que menos tienen?
Podríamos utilizar el ejemplo de los subsidios a la educación universitaria pública. ¿Por qué alguien que a las justas logrará que sus hijos terminen secundaria en un colegio público debe ver que sus impuestos los destinen a financiarle la educación superior de otros de mayores ingresos en lugar de que ella reciba agua potable en su casa?
Sin duda que las razones que explican esas situaciones son políticas. Es muy difícil para cualquiera que esté a cargo del Estado quitar beneficios que venía otorgando. Pero hay que saber diferenciar que muchas veces el Estado no necesita usar su mano (y sus fondos) para atender esas necesidades. Lo que si hace falta es que sus políticas busquen que esas necesidades sean atendidas por quienes mejor lo pueden hacer. Si vemos los ejemplos (i.e. Tans, PetroPerú) que tenemos a la vista en la mayoría de los casos no es el Estado quien se lleva las palmas. Aunque sea políticamente incorrecto, al futuro presidente le corresponde reformar la acción del Estado en estos temas. No hacerlo es seguir excluyendo a quienes no logran hacer sentir su voz.
Publicado en El Comercio, Febrero 23, 2006
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