En la búsqueda de reengancharse con el pueblo el gobierno entrante ha tenido la infeliz idea de solicitar un aporte voluntario a las empresas mineras. La justificación de esta medida ha sido transparente. Dado que las empresas mineras están teniendo utilidades extraordinarias por los igualmente extraordinarios precios de los minerales, el gobierno considera que dichas empresas deberían ponerse una mano en el pecho y la otra en la billetera y colaborar con un aporte para el desarrollo de dichas zonas. Déjenme explicar porqué digo que esto es una pésima idea.
Para empezar dado que se ha planteado una negociación entre gobierno y empresas la idea de un aporte voluntario está fuera de discusión. Aquí de lo que se está hablando es de un secuestro al paso donde el gobierno en nombre del desarrollo de los pueblos olvidados negocia una suma para dejar libre al rehén. Dejando de lado los formalismos, el problema como en todo secuestro es que nadie te garantiza que porque pagues una vez no vuelvas a pagar otra vez. ¿Qué pasa si a los políticos les parece poco lo que se aporta bajo presión? ¿Vamos a tener una segunda negociación? ¿Van a pedir que intervenga la iglesia o la Defensoría? ¿Qué pasa si lo que aportan no tiene el impacto previsto? ¿Vamos a empezar a atacar los campamentos mineros reclamando efectividad en el gasto? ¿Qué va a pasar el próximo año con menores –pero aún altos- precios internacionales? ¿Vamos a tener una nueva negociación?
Las empresas mineras y sus directivos no son avestruces con la cabeza enterrada en el socavón. Saben perfectamente que tienen que tener un rol en el desarrollo social de las zonas en las que están trabajando. Es más, todas las empresas tienen en menor o mayor medida programas con recursos destinados para esos fines. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a dejar de gastar en estos programas porque ahora están siendo “forzadas” a colaborar voluntariamente? ¿Cuál va a ser la posición de aquellas empresas que han sido más activas en buscar una mejor integración con la población aledaña?
Los demás empresarios exitosos deberían empezar a preocuparse porque si la justificación es que lo que se paga en impuestos a las utilidades es muy poco entonces los exitosos agroexportadores o los productores de pisco de exportación o algún chef famoso todos están en los planes de esta banda de secuestradores al paso. Si el gobierno considera que lo que se paga en impuestos es muy poco, o que sí deberíamos tener un impuesto a las sobreganancias o reformular la ley de regalías debería proponerlo de frente y no con mecanismos que dejan a las empresas como los enemigos de las poblaciones, cuando la realidad es que el Estado es muchas veces el que no cumple su rol y a la población no le queda otra que apoyarse en una organización que si funciona como la empresa minera. Si el gobierno realmente quiere defender el estado de derecho debería buscar hacer los cambios en el marco regulatorio que vea por conveniente respetando lo ya firmado. El rol del Estado es hacer cumplir o cambiar las normas, no así el promover arreglos extralegales.
Publicado en El Comercio, Agosto 17, 2006
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