La vida siempre tiene contrastes. Este último mes el gobierno peruano por un lado estrenó el sistema de subastas inversas virtuales y junto a ello los papelones en las compras estatales han estado a la orden del día. Ante la vista de todos el Estado ha demostrado una abrumadora incompetencia para comprar patrulleros, ambulancias, útiles escolares y Dios sabe que más saldrá a la luz pública. En medio del cargamontón se han dicho cosas que no tienen sentido, una ministra se ha ido a su casa mientras otros ministros se han puesto una tuerca más en el asiento. Varios funcionarios públicos han sido “invitados” a renunciar y más de uno tendrá que afrontar algún proceso por haber sido parte de estas compras.
Lo cierto es que muchos no entienden que lo que está mal son los mecanismos y reglas que el Estado tiene para comprar. De nada sirve que se establezcan comisiones investigadoras para 10 o 20 años de licitaciones si lo que estuvo mal fueron los procesos bajo los cuales contrata el Estado. Es decir, si hay un sobreprecio, esa pérdida no es fruto de un delito sino de que se siguieron unas reglas y un procedimiento que está hecho sin pensar en que el Estado podría ahorrar recursos comprando de otra manera. No se puede acusar al funcionario público o a las empresas que participan en dichas licitaciones de corruptos. Si el funcionario público sabe que siguiendo las normas dicha compra no va a darle el mejor resultado al Estado pero no siguiéndolas él va preso es imposible que opte por el segundo camino. ¡Habría que ser idiota!
La solución no está únicamente en que el precio lo fije alguien ajeno al sector público tal como lo ha sugerido una propuesta presidencial. Muchas veces eso no basta. A veces el precio de referencia es fácil porque el bien o servicio que se va a adquirir es muy estandarizado. Ejemplo de ello la compra de SOAT para la flota de vehículos del Estado. Las empresas no pueden ofrecer distintos “seguros” sino todas ofrecen el mismo SOAT, lo que resolverá quien se adjudica la licitación será el que ponga el precio más bajo y punto. ¿Pero cuanto menos podría ser el precio final si hago una segunda ronda sólo informando a los postores de cuál fue el precio mínimo y abriendo otra vez la posibilidad de ofrecer un nuevo precio más bajo?
Algo muy distinto pasa si lo que quiero comprar ni siquiera se vende regularmente en el mercado. En ese caso, ¿cómo establezco un precio de referencia? ¿Se lo pregunto a los potenciales proveedores? Si lo hago, que es como se hace aquí lo obvio es que ellos me entreguen precios más altos que los que podrían estar dispuestos a vender. El quid del asunto en el diseño de mecanismos es hacer que los postores revelen el precio mínimo al que están dispuestos a vender. Una opción eficiente para extraer esa información es la subasta inversa que se ha empezado a utilizar en el Estado desde fines del 2005. El problema es que aún el número de bienes que pueden adquirirse por esta vía es muy limitado y recién este año se hace de manera virtual. En México la mitad de las más de licitaciones ya son electrónicas a través del sistema Compranet Plus, una plataforma electrónica que funciona desde 1996. Y no estamos hablando de comprar papel y lápices, el gobierno de México gasta US$ 30 mil millones al año a través de este mecanismo. Esto ya se utiliza no sólo en México sino también en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los invito a entrar a www.chilecompra.cl cuan distinto pueden hacerse las cosas. Una vez más mi recomendación en este tema es que el gobierno debe aprender a utilizar la fuerza del mercado para obtener un mejor precio y un mejor servicio. El CONSUCODE es el llamado a liderar este esfuerzo, el presidente no debería empujarlo a un costado.
Publicado en El Comercio, Marzo 8, 2007
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