Deuda odiosa

Las autoridades ecuatorianas han movido el mercado financiero internacional y el político regional con una serie de anuncios que van desde la toma de dos canales de televisión hasta la potencial declaratoria de una parte de la deuda externa como deuda odiosa. En ambos casos las justificaciones son más bien débiles pero no por ello las consecuencias dejan de ser importantes. Las razones en el primer caso son bastante cuestionables pues ante la quiebra de un banco las empresas del grupo que controlaba el banco han sido intervenidas. Lo curioso es que el gobierno justifica dicha intervención porque quiere investigar si es que esas empresas como las restantes 190 intervenidas son en realidad de propiedad del grupo que manejó el banco. Desde el punto de vista de supervisión bancaria siempre es fundamental vigilar los llamados préstamos relacionados entre empresas vinculadas. Sea como fuere este caso lo prudencial es vigilar anticipadamente el tema y no esperar un problema en el banco para que surjan estas investigaciones.

Pero el tema que más preocupó a los mercados financieros fue el anuncio del presidente Correa de la posibilidad de declarar una parte de la deuda externa ecuatoriana en la categoría de deuda odiosa. Este término que suena medio extraño se refiere a que en varios países del mundo dictadores de todo tipo han conseguido engrosar sus cuentas bancarias a través de endeudar a sus países. Y no hay que irse muy lejos para recordar a personajes como Somoza en Nicaragua o Duvalier en Haití que encabezan la lista en este tema. En casos de ese tipo existe la tentación luego de un proceso de transición democrática que el siguiente gobierno señale que parte de la deuda es odiosa y por lo tanto dicho contrato no debe cumplirse.

Para empezar es obvio que es muy complicado probar enriquecimiento ilícito de los presidentes. En segundo lugar, incluso si se probara dicho enriquecimiento ilícito es difícil decir que los recursos extraídos provienen en particular de los fondos obtenidos vía un contrato de endeudamiento. El dinero es fungible, y una vez que entra a las arcas del Tesoro Público es difícil distinguir si el dinero robado es parte de los impuestos, una donación o los recursos provenientes de la venta de bonos de deuda. Además, es importante establecer la independencia de la institución o la instancia que declara la deuda como odiosa. ¿Es el poder judicial que puede estar bajo control del nuevo gobierno? ¿Es una comisión investigadora del Congreso, con mayoría oficialista? ¿Es una comisión ad-hoc de notables, pero con lazos en el gobierno? Los problemas potenciales de falta de independencia abundan y resultan críticos en este tema. Recuerden que del otro lado habrá un banco, un fondo mutuo, o un inversionista en general que habrá entregado dinero a cambio de un titulo que supuestamente tenía valor pero que ahora una comisión dice que no. Los juicios estarán a la orden del día.

Por lo pronto, estas medidas han provocado la renuncia del ministro de Finanzas ecuatoriano y su reemplazante se ha apresurado a anunciar que nada de esto pasará. Los mercados harían bien en seguir dudando de la palabra ecuatoriana porque el presidente Correa parece no estar muy preocupado por la alta rotación de sus ministros de Finanzas. Finalmente, ¿qué tan valiosa es el compromiso de pago de una persona cuando sabemos que lo más probable es que mañana no estará en el cargo?

Publicado en El Comercio, Julio 10, 2008