Thursday, August 31, 2006

Buen Gobierno

James Madison, el padre de la Constitución norteamericana, decía que un buen gobierno implica dos cosas: (1) ser fiel al objetivo de ser gobierno que es lograr la felicidad de la población, y (2) el conocimiento de cómo conseguir dicho objetivo. En una palabra un gobierno eficaz. Hasta aquí la cuestión parece simple pero los líos empiezan porque en cada decisión hay dos lados en potencial conflicto. En cada decisión hay potenciales ganadores y perdedores. Eso no significa que la solución no pueda ser una en la que todos se sientan ganadores. De manera simétrica, hay algunas soluciones en las que todos son perdedores.

Pongamos dos ejemplos para entendernos mejor. El primero es el depósito de basura que a algún inteligente se le ocurrió autorizar construir al lado de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Iquitos. Esto ha impedido que dicho aeropuerto sea utilizado por las mañanas pues digamos que los gallinazos están almorzando y no les gusta ser interrumpidos por los ruidos molestos de los aviones. A la tarde hacen la siesta y ahí los aviones pueden aterrizar sin correr el riesgo que uno de estas aves se incruste en el motor. El viceministro de Turismo parece que ha llegado a un arreglo para corregir la situación y con ello evitar que la economía de Iquitos pierda más de 6 millones de dólares. Felicito esta iniciativa porque resultaba casi increíble que el gobierno se limitara a restringir más y más los vuelos como solución a un problema que sin duda no pasaba por abrir la temporada de caza de gallinazos o cambiar de nombre al aeropuerto.

Resolviendo este problema ganan las aerolíneas, los operadores turísticos, la propia comunidad de Iquitos que verá intensificado el flujo de turistas y las autoridades que podrán ponerse una condecoración por la gestión realizada. Ni siquiera perderán los gallinazos pues los reubicarán. Ellos se mudarán con chancherías incluidas a un nuevo relleno sanitario.

El segundo ejemplo es el tema minero. Muchos han aplaudido la exitosa gestión del premier en conseguir una platita extra para la lucha contra la exclusión social, nada menos que algo cerca de los 2,500 millones de soles. Muchos dicen que esta es la mejor solución dentro de muchísimas peores propuestas. Si bien puede ser cierto que había muchísimas ideas disparatadas creo que eso no hace a esta solución una buena solución. Aparentemente este aporte ha sido aceptado para evitar que el Congreso promueva modificaciones en la legislación tributaria como un nuevo impuesto a las sobreganancias, o modificaciones a la ley de regalías mineras. Claramente ninguna de esas iniciativas pasará de dicha condición si es que el partido aprista no inclina la balanza. En ese sentido, los mineros pueden haber comprado suficiente respaldo para que ninguna modificación significativa sea aprobada en el Congreso.

Pero quizás el objetivo real del aporte era servir de freno a la anticipable ola de protestas sociales a la cual se quisieran sumar más de un dirigente ansioso de sentirse en olor de multitud. Los recientes eventos en Cajamarca no son una buena señal de que la solución esté bien encaminada. ¿Se sienten ganadores los futuros beneficiaros de estos aportes? ¿Se sienten que el Gobierno está velando por su felicidad como decía Madison? ¿Están los mineros satisfechos con la solución? ¿Si alguien me llama a preguntar si esta solución elimina el riesgo que un nuevo proyecto minero se pueda frustrar por un potencial conflicto social, qué le debo responder?

Creo que hubiese sido muy positivo si de esta negociación tuviéramos al menos mayor claridad con respecto a cual va a ser el futuro de los contratos de estabilidad tributaria, y sobre cual va a ser el conjunto de normas tributarias que un nuevo emprendimiento minero debería esperar cumplir. Hoy no sabemos que pasará el 2009 cuando el primer contrato de estabilidad finalice ni tampoco que impuestos pagarán en dicho momento.

Publicado en El Comercio, Agosto 31, 2006

Thursday, August 24, 2006

Las piezas de un TLC interno

A estas alturas el mejor resultado del proceso de negociación del TLC con los EEUU es que está claro para todos que firmar un TLC o cien está bien pero no basta. Es decir, este proceso ha permitido poner en el centro del debate que falta complementar el TLC con otras políticas públicas para que el crecimiento económico sea una buena noticia para la mayoría de peruanos y no para una delgada minoría de la población.

Creo que para todos es claro que no basta con abrir las puertas a mayores mercados potenciales a nuestros empresarios. No basta porque aún internamente hay enormes diferencias entre nuestros empresarios que hacen que el resultado predecible de una estrategia que sólo privilegie la firma de acuerdos comerciales sea un mayor crecimiento de la economía y una peor distribución del ingreso. Quiero ser enfático en señalar que no creo que el impacto probable sea mayor pobreza sino una peor distribución del ingreso. Es decir, va a haber una mayor distancia entre ricos y pobres. Basta mirar a Chile y ahí veremos exactamente ese resultado. Lo mismo está pasando en India, China o México. Dichas economías están creciendo con gran dinamismo pero en el camino no todos se benefician en igual proporción. Igualmente creo que es un error pretender que el resultado debería ser una sustancial mejora en la distribución de ingresos. Pero creo que si deberíamos pretender que el resultado sea al menos una disminución significativa de la pobreza en el Perú.

Pensemos en las razones porqué a un gran número de firmas y familias el TLC les puede pasar por encima, es decir, pasar inadvertido. Para simplificar a estas firmas casi todo les cuesta más, por variadas razones. Por ejemplo, ser una firma pequeña es ineficiente porque los costos administrativos son una mayor proporción de sus ventas. Es más, una firma pequeña enfrenta una cuesta arriba muy empinada si tiene que cumplir cientos de restricciones para operar bajo la ley. Sin embargo, muchas de estas firmas prefieren permanecer pequeñas buscando mantener el negocio familiar preocupados de que asociarse con otros implica un riesgo patrimonial muy alto de deliberar disputas en un Poder Judicial que puede ser arbitrario e impredecible. Entonces prefieren mantenerse cerradas y pequeñas porque pueden perder soga y cabra en el proceso de abrirse al capital de otros y crecer. Asimismo, las firmas más pequeñas tienen que actuar asumiendo que el resto de condiciones están dadas. Ellas no pueden dedicar recursos a mejorar la infraestructura que necesitan para producir, mientras que empresas grandes si pueden negociar el tendido de la línea de electricidad que falta o construir directamente el tramo de la carretera que se necesita.

En general, las piezas del TLC interno son esfuerzos por emparejar el piso en muchos aspectos entre los que destacaría un acceso más barato a la formalidad y un Poder Judicial que no implique una ruleta rusa y que permita asociarse. Es significativo que lo que más destaca en la comparación regional es que los peruanos señalan que no confían entre si. Si nuestras empresas pequeñas no pueden aspirar a asociarse difícilmente podrán crecer y aprovechar la oportunidad que significa el mayor acceso a nuevos mercados.
Publicado en El Comercio Agosto 24, 2006

Thursday, August 17, 2006

¿Cupo voluntario o negociado?

En la búsqueda de reengancharse con el pueblo el gobierno entrante ha tenido la infeliz idea de solicitar un aporte voluntario a las empresas mineras. La justificación de esta medida ha sido transparente. Dado que las empresas mineras están teniendo utilidades extraordinarias por los igualmente extraordinarios precios de los minerales, el gobierno considera que dichas empresas deberían ponerse una mano en el pecho y la otra en la billetera y colaborar con un aporte para el desarrollo de dichas zonas. Déjenme explicar porqué digo que esto es una pésima idea.

Para empezar dado que se ha planteado una negociación entre gobierno y empresas la idea de un aporte voluntario está fuera de discusión. Aquí de lo que se está hablando es de un secuestro al paso donde el gobierno en nombre del desarrollo de los pueblos olvidados negocia una suma para dejar libre al rehén. Dejando de lado los formalismos, el problema como en todo secuestro es que nadie te garantiza que porque pagues una vez no vuelvas a pagar otra vez. ¿Qué pasa si a los políticos les parece poco lo que se aporta bajo presión? ¿Vamos a tener una segunda negociación? ¿Van a pedir que intervenga la iglesia o la Defensoría? ¿Qué pasa si lo que aportan no tiene el impacto previsto? ¿Vamos a empezar a atacar los campamentos mineros reclamando efectividad en el gasto? ¿Qué va a pasar el próximo año con menores –pero aún altos- precios internacionales? ¿Vamos a tener una nueva negociación?

Las empresas mineras y sus directivos no son avestruces con la cabeza enterrada en el socavón. Saben perfectamente que tienen que tener un rol en el desarrollo social de las zonas en las que están trabajando. Es más, todas las empresas tienen en menor o mayor medida programas con recursos destinados para esos fines. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a dejar de gastar en estos programas porque ahora están siendo “forzadas” a colaborar voluntariamente? ¿Cuál va a ser la posición de aquellas empresas que han sido más activas en buscar una mejor integración con la población aledaña?

Los demás empresarios exitosos deberían empezar a preocuparse porque si la justificación es que lo que se paga en impuestos a las utilidades es muy poco entonces los exitosos agroexportadores o los productores de pisco de exportación o algún chef famoso todos están en los planes de esta banda de secuestradores al paso. Si el gobierno considera que lo que se paga en impuestos es muy poco, o que sí deberíamos tener un impuesto a las sobreganancias o reformular la ley de regalías debería proponerlo de frente y no con mecanismos que dejan a las empresas como los enemigos de las poblaciones, cuando la realidad es que el Estado es muchas veces el que no cumple su rol y a la población no le queda otra que apoyarse en una organización que si funciona como la empresa minera. Si el gobierno realmente quiere defender el estado de derecho debería buscar hacer los cambios en el marco regulatorio que vea por conveniente respetando lo ya firmado. El rol del Estado es hacer cumplir o cambiar las normas, no así el promover arreglos extralegales.

Publicado en El Comercio, Agosto 17, 2006

Wednesday, August 16, 2006

Tres metas para el próximo gobierno

Con Toledo bastaron unos pocos días en Palacio para declararlo nuestro enemigo publico numero uno. Es cierto que el ahora ex presidente se las ingenió para ser odiado y repudiado por la mayoría de peruanos. Tengo grabado en mi memoria su frase a los pocos días de empezar su administración: “la verdad que yo pensé que gobernar era mas difícil”. En fin, lo cierto es que esa animadversión nubló lo que debería ser una práctica más cotidiana, desapasionada y meditada de la ciudadanía. Deberíamos poder pedirle metas concretas al gobierno entrante y verificar permanentemente su efectivo cumplimiento. No hablo de las promesas de hacer el puente aquí o la Universidad allá sino de una serie de objetivos a los que cualquier gobierno debería enfocar sus esfuerzos.

Lo fundamental es que quisiéramos que los próximos cinco años no sean años dedicados a temas menores como si el presidente saca los pies del plato, o si algunos de sus hijos se pasa de copas en una fiesta. Queremos que los próximos años los esfuerzos estén dedicados a afianzar la promesa que el Perú puede salir efectivamente del subdesarrollo. Esto suena quimérico pero muchas naciones subdesarrolladas en el mundo se transformaron en apenas 30 años.

La primera meta que debe tener el próximo gobierno es trabajar para acercar los dos Perú que viven a veces de espaldas uno al otro. Las brechas existentes en materia de salud, de educación, en acceso a servicios básicos entre el mundo rural y el urbano son un obstáculo para que el Perú piense seriamente en salir del subdesarrollo. No solo estos otros peruanos no tienen los mismos servicios que nosotros sino que la calidad de los mismos no es igual a la recibida por los que tenemos acceso a leer este diario.

La segunda meta es que no se trata únicamente de un juego de redistribución sino de crecer. No se trata de gastar allá en lugar de acá, o de pagar menos a unos cuantos servidores públicos para que el presupuesto alcance. Baratos son los frijoles y no los competentes profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar en lugares como el MEF o el Mincetur. Hace falta hilar fino si no se quiere desarticular la capacidad operativa del Estado. El próximo gobierno debe lograr avanzar en la primera meta permitiendo que la economía crezca sin que se pierda la tan preciada estabilidad macroeconómica. Nadie más que el propio presidente García quisiera cerrar su mandato con una inflación dentro del rango previsto por el BCRP, con un déficit en línea con lo establecido en la Ley de Responsabilidad y Prudencia Fiscal.

Una tercera meta es hacer todo esto manteniendo la democracia, promoviendo que los peruanos seamos capaces de tomar más en serio a la política por lo menos más que nuestros propios políticos. El gobierno entrante tiene –aunque le moleste- la obligación de enseñar con el ejemplo. Por lo pronto el espectáculo del Congreso entrante no es un buen augurio. Saludemos con entusiasmo al nuevo gobierno y estemos dispuestos a ayudar, apoyar con espíritu constructivo no con revanchismo antiperuano. Que no sea verdad eso que me dicen cuando estoy afuera que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Feliz 28 a todos.

Publicado en El Comercio, Agosto 3, 2006

Desarrollo por decreto

En las conversaciones que tenía con analistas extranjeros sobre los riesgos que implicaba el retorno del Presidente García siempre señalaba su excesivo voluntarismo. Es decir, el querer lograr ciertos resultados a través de la acción del Estado. El segundo de los riesgos era su predominio sobre la agenda de políticas. Es decir, que en lugar de que sean los ministros los que fijen el norte, terminaban ellos respondiendo a las iniciativas presidenciales. Nadie niega las buenas intenciones pero muchas veces los instrumentos escogidos terminan siendo soluciones incorrectas o inclusive contraproducentes. Digo esto por dos temas que el gobierno entrante ha escogido como prioritarios en su agenda. El aporte voluntario a las mineras y las exoneraciones tributarias a Puno.

El actual gobierno está sentado en medio del boom de inversión privada más grande de la última década. Sin embargo, pensando en que el crecimiento debe ser compartido para ser sostenible el gobierno actual ha optado por buscar -más pronto que tarde- cómo hacer para que eso efectivamente suceda. En lugar de preocuparse de rápidamente cerrar el tema del aporte extraordinario de los mineros el gobierno ahora parece sumido en un fuego cruzado de justificar que va a hacer con los recursos, cual es la forma de pago y qué tipo de aporte se debería dar cuando a las mineras les vaya mal. ¿O no va a haber simetría? ¿Alguien se ha puesto a pensar en cuántos más ingresos tributarios podríamos estar generando si en lugar de estar metiendo la mano en los bolsillos de los mineros ﷓estilo Robin Hood- nos preocupáramos de que haya un mayor interés de nuevas inversiones?

Por otro lado, pienso en la justificación que se ha dado para darle la exoneración a Puno y quedo confundido. Se ha dicho que Puno necesita esa exoneración para que se instalen industrias que generen puestos de trabajo en Puno. OK. Puede ser que a punta de exoneración logremos producir camionetas 4x4 en Puno pero no creo que esa razón sea suficiente para que tenga sentido económico. ¿Si me va a costar producir más que importarlas tiene sentido que gaste los recursos públicos en eso? Se necesita que el Estado haga intervenciones costo-efectivas. Es decir, buenas, bonitas y baratas.

Puede que exagere con el tema de las 4x4, pero ¿alguien realmente cree que el desarrollo de Puno pasa por reducir el costo de producir lo que sea en 10 o 20 por ciento? Para empezar se necesita un mercado interesado en comprar lo que ahí se produzca. Además, esto abre la puerta a preguntar que tiene Puno que no tenga Apurimac o Ucayali. ¿Por qué a ellos no les toca su exoneración?

No quiero terminar sin decir que así como le reclamamos al Congreso que no apruebe leyes sin presentar un análisis costo beneficio aquí falta que el Ministro de Economía presente a la ciudadanía cuánto nos va a costar la exoneración a Puno y qué resultados espera conseguir. ¿Cómo se entiende que debemos apoyar esta nueva exoneración mientras que el MEF ha iniciado una cruzada –que yo apoyo- para la eliminación de aquellas exoneraciones que no han tenido mayor impacto? Ojalá el presidente del Consejo de Ministros aproveche su presentación en el Congreso para aclarar estas dudas. No creo que este gabinete crea que el desarrollo se logra por decreto.

Publicado en El Comercio, Agosto 10, 2006