Thursday, March 29, 2007

¿Retroceder algo, rendirse tal vez?

Cuando leí hace un par de semanas en El Peruano que el MEF empezaba a desmontar las exoneraciones a las zonas de selva tuve que volver a leerlo para creerlo. Cuando el año pasado empezó todo el proceso de modificaciones tributarias el MEF me invitó a comentar sobre el reto que se tenía en frente. En la reunión ante los empresarios que habían sido convocados para dar sus opiniones señalé enfáticamente que el tema de las exoneraciones era un escándalo pues el gobierno estaba financiando una actividad ilegal. Desde mi punto de vista, el cual seguro no consideraba bien la viabilidad política de la propuesta, el MEF debía avanzar cuanto antes en este tema. Al Ministro no le gustaron mis palabras y se marchó molesto de dicha reunión.

La semana pasada estuve a punto de escribir esta columna echándole flores al ministro por su decisión de empezar este proceso. Caretas incluso le ha puesto el apodo de cocodrilo, en referencia al cazador australiano que no teme enfrentarse a dichos animales. Este proceso implica convencer a las autoridades de dichas regiones que estarán mejor servidas con el nuevo esquema de subsidios directos que en lugar de exoneraciones ciegas. Mientras los subsidios deberían beneficiar a toda la región, las exoneraciones sólo benefician a unos cuantos. Más claro ni el agua, pero como es esperable los directamente afectados iban a continuar su oposición férrea para no perder su supuesto derecho a la mamadera fiscal.

Hace un par de días y vía de fe de erratas en el mismo diario El Peruano el MEF optó por dar un paso atrás y postergar el proceso cuatro meses. La idea es tener un tiempo para convencer a las autoridades regionales de la bondad de lo inicialmente anunciado. La gran debilidad que tiene el gobierno, en particular sus ministros, es que son temporales y por lo tanto representan una posición muy débil frente a una negociación que implica un plazo más largo. Hemos sido testigos de los problemas por los que ha pasado el Perú en la negociación del TLC con EEUU producto de la modificación de los equipos. Cualquier cambio en el equipo sirve para debilitar la posición negociadora del gobierno. Y en el tema de las exoneraciones es urgente partir de una posición fuerte.

El gobierno empieza a perder popularidad en las regiones y seguramente si no hace un trabajo muy fino de manejo político de este tema podría tener una peor situación que haga fracasar esta necesaria reforma. Creemos que el esquema debió partir de un análisis entregado por el MEF donde se demuestre hoy de la enorme ineficacia de este mecanismo y no dentro de dos años cuando el gobierno tenga otras preocupaciones. El MEF ha escogido el camino fácil de decir lo analizaré en lugar de aprovechar el momento político para lograr la reversión de una política claramente errada. Lo peor es que el presidente García le ha movido la alfombra al ministro al reducir los sueldos a los alcaldes. Si estaban en busca de aliados para esta reforma, el presidente se ha encargado de ahuyentarlos. Esperemos que el ministro sepa lidiar con los caimanes que seguro enfrentará en los próximos meses.


Publicado en El Comercio Marzo 29, 2007

Monday, March 26, 2007

¿Y después de la libre desafiliación qué?

Aunque provoca decir que los congresistas se llevaron la materia de libre desafiliación para marzo, supongamos para todo fin práctico se pondrán de acuerdo y hoy se aprobará en segunda votación la versión definitiva de libre desafiliación. La pregunta que realmente importa es ¿y luego de eso qué viene en la agenda de la reforma previsional? Más aún ahora que ya tenemos nuevo Superintendente quien seguro tendrá su propia opinión sobre que prioridades enfatizar en este tema.

Lejos del tono confrontacional de otros documentos del Banco Mundial en temas previsionales, el último volumen publicado por este organismo (Perú: Una Oportunidad para todos) incluye un capitulo sobre que hacer en los primeros cien días del nuevo gobierno en esta materia. Para empezar hay que decir que estamos muy en línea con el diagnostico que se señala ahí pues recoge muchas de las ideas que incluimos en un documento que escribí para la campaña electoral llamado “Las Reformas Pendientes del Sistema Previsional Peruano”. Como ustedes saben una buena solución empieza con un buen diagnostico. En dos palabras el resumen es que el SPP funciona bien pero que no cubre sino a una delgada minoría de la población. Además, se sostiene –como lo venimos haciendo hace varios años ya- que esta situación se debe a la tasa de informalidad de la fuerza laboral peruana. Por lo tanto la solución no podrá venir de reformar las reglas del actual SPP sino que hay que mirar el problema con una perspectiva más amplia y repensar el esquema que el Estado ha escogido para proveer de pensiones a las personas cuando estas alcancen la edad de jubilación. La búsqueda de un Estado inclusivo implica evitar que las personas al llegar a la tercera edad no pasen a depender exclusivamente de la solidaridad de sus lazos familiares. Hoy, sólo uno de cada cuatro tienen cobertura previsional.

En el actual esquema el SNP y el SPP lejos de cooperar para que los trabajadores disfruten de mayores pensiones, conviven sin que eso beneficie a ningún trabajador. Imaginen un esquema en el que el Estado garantiza dos tipos de pensiones: (1) una pensión básica –la cual no requiere contribución- pero que sólo se otorga a las personas que hayan tenido ingresos por debajo del salario mínimo, esta pensión podría otorgarse únicamente por 10 años (desde los 65). Además, (2) una pensión mínima a todos los que cumplen un conjunto de requisitos como aportar un número mínimo de veces. Este tipo de pensión ya existe. El Estado sólo aporta sus fondos cuando se requieren. Si los aportes individuales y la rentabilidad generada permiten tener una pensión mayor a la mínima entonces el Estado no tiene porqué usar sus recursos. Sólo actúa otorgando una garantía de pensión mínima. En ambos casos el financiamiento proviene de los recursos del Tesoro Público. Para evitar incentivos perversos la pensión básica deberá ser una proporción fija de la pensión mínima, por ejemplo, la mitad.

¿Qué es lo que se ganaría con esta reforma? Primero duplicar la cobertura actual. Los trabajadores formales no serán los únicos en acceder a una pensión en la vejez. Segundo, se logrará un mejor uso de los recursos fiscales destinados a pensiones dado que más personas pagan con sus aportes una mayor parte de sus pensiones y el Estado cambia su rol de proveedor exclusivo para un grupo reducido –y no precisamente el más pobre- por uno de promotor de una mayor cobertura y mejores pensiones. Nosotros hicimos algunos cálculos y el Estado podía aumentar la cobertura para las personas mayores a 65 años de 28% a 55% gastando menos de 0.5% del PBI. La mente de los legisladores debería estar enfocada a como ampliar la cobertura a más peruanos y no como reduzco las ganancias para los dueños de las AFP. Lo segundo no implica lo primero y tampoco es lo realmente prioritario.

Publicado en El Comercio Marzo 22, 2007

Thursday, March 15, 2007

El impuesto que pagamos todos

Por definición nadie paga con una sonrisa un impuesto. Es una obligación, una exigencia de alguna autoridad. Es plata que sacan de nuestros bolsillos y con mucha suerte vemos transformada en algo que es útil para nosotros mismos. Este mes más que el mes de la mujer que quiere imponer la Ministra Borra es el mes de los gastos, más propiamente de los impuestos. Las malas noticias nos las vienen dando en cuenta gotas desde el MEF. Gravarán a quienes puedan ahorrar y el ITF pasará de temporal a permanente. A estas alturas creer en la palabra del MEF es pecar de ingenuo para no decirlo de otra manera.

Pero hoy quería hablar de dos impuestos que no figuran en nuestras agendas pero que igual pagamos puntualmente todos los días. El primero podría llamarse el impuesto Castañeda Lossio, pues la inacción del alcalde metropolitano en ciertos temas hace que cada visita al Centro de Lima nos reduzca un poco más nuestra esperanza de vida con la cuota gratuita de monóxido de carbono que los buses nos regalan en cada pisada del acelerador. Mientras tanto aquellos que tienen autos más nuevos y por lo tanto menos contaminantes curiosamente son los que pagan el impuesto vehicular. Como se nota que por estas latitudes el tema de polución importa poco o nada. Otra es la realidad de los países desarrollados. Hace unos días La Unión Europea decidió impulsar políticas para reducir significativamente la emisión de gases. Y ahora Inglaterra ha aprobado un drástico plan para reducir las emisiones de CO2 en más del 25% en 15 años y en más de 60% en 40 años. Una posible salida como la revisión técnica que debería servir de freno a estos problemas está sencillamente empantanada en el Poder Judicial.

Pero el impuesto Castañeda va más allá de sólo aspirar smog después del desayuno. La inacción del alcalde en darle una solución integral al problema del transporte urbano nos impone (de impuesto) el costo de estar sentados (los afortunados) y parados (los desafortunados) tiempos absolutamente absurdos para movilizarnos de un lado a otro de la ciudad. Me imagino que los enormes problemas que está enfrentando Chile en la puesta en marcha del plan Transantiago estarán desanimando al alcalde quien del tema ya no habla nada. La última pata de este impuesto es el aumento en el costo de mantenimiento de los vehículos producto de la pésima situación de las calles y avenidas.

El segundo impuesto es el que nos impone la ministra Verónica Zavala. Curiosamente este impuesto a diferencia del primero viene disminuyendo aunque aún falta bastante por hacer. Es un impuesto que puede llevarte hasta la muerte pues de su despacho depende por ejemplo que los transportistas pretendan usar camiones en vez de buses para transporte de personas. En esa línea, esta semana la ministra le ha reclamado al alcalde que pode la selva de avisos publicitarios que pueblan la Panamericana sur. Me inclino a pensar que es mucho más importante reducir los niveles de monóxido. La diferencia está en que mientras una distracción mirando a un panel te mata en un instante, el monóxido sólo te aumenta la probabilidad de cáncer al pulmón, del cual uno morirá mucho después. Este ejemplo muestra una de las contradicciones típicas de las políticas públicas. La autoridad debe elegir en enfocarse en uno de dos temas (la ministra también tiene derecho a dormir) pero uno le da réditos hoy mientras el otro le da beneficios en el largo plazo, precisamente cuando lo único que quede de ella sea un retrato suyo en alguna pared de su antiguo ministerio. ¿Cómo hacer para hacerle saber a nuestras autoridades que en la portada del 2020 de este diario se le agradecerá por haber iniciado hoy una decidida reducción de emisiones de CO2 que mejoró la salud de todos los peruanos?

Publicado en El Comercio, Marzo 15, 2007

Thursday, March 08, 2007

Aprendiendo a comprar

La vida siempre tiene contrastes. Este último mes el gobierno peruano por un lado estrenó el sistema de subastas inversas virtuales y junto a ello los papelones en las compras estatales han estado a la orden del día. Ante la vista de todos el Estado ha demostrado una abrumadora incompetencia para comprar patrulleros, ambulancias, útiles escolares y Dios sabe que más saldrá a la luz pública. En medio del cargamontón se han dicho cosas que no tienen sentido, una ministra se ha ido a su casa mientras otros ministros se han puesto una tuerca más en el asiento. Varios funcionarios públicos han sido “invitados” a renunciar y más de uno tendrá que afrontar algún proceso por haber sido parte de estas compras.

Lo cierto es que muchos no entienden que lo que está mal son los mecanismos y reglas que el Estado tiene para comprar. De nada sirve que se establezcan comisiones investigadoras para 10 o 20 años de licitaciones si lo que estuvo mal fueron los procesos bajo los cuales contrata el Estado. Es decir, si hay un sobreprecio, esa pérdida no es fruto de un delito sino de que se siguieron unas reglas y un procedimiento que está hecho sin pensar en que el Estado podría ahorrar recursos comprando de otra manera. No se puede acusar al funcionario público o a las empresas que participan en dichas licitaciones de corruptos. Si el funcionario público sabe que siguiendo las normas dicha compra no va a darle el mejor resultado al Estado pero no siguiéndolas él va preso es imposible que opte por el segundo camino. ¡Habría que ser idiota!

La solución no está únicamente en que el precio lo fije alguien ajeno al sector público tal como lo ha sugerido una propuesta presidencial. Muchas veces eso no basta. A veces el precio de referencia es fácil porque el bien o servicio que se va a adquirir es muy estandarizado. Ejemplo de ello la compra de SOAT para la flota de vehículos del Estado. Las empresas no pueden ofrecer distintos “seguros” sino todas ofrecen el mismo SOAT, lo que resolverá quien se adjudica la licitación será el que ponga el precio más bajo y punto. ¿Pero cuanto menos podría ser el precio final si hago una segunda ronda sólo informando a los postores de cuál fue el precio mínimo y abriendo otra vez la posibilidad de ofrecer un nuevo precio más bajo?

Algo muy distinto pasa si lo que quiero comprar ni siquiera se vende regularmente en el mercado. En ese caso, ¿cómo establezco un precio de referencia? ¿Se lo pregunto a los potenciales proveedores? Si lo hago, que es como se hace aquí lo obvio es que ellos me entreguen precios más altos que los que podrían estar dispuestos a vender. El quid del asunto en el diseño de mecanismos es hacer que los postores revelen el precio mínimo al que están dispuestos a vender. Una opción eficiente para extraer esa información es la subasta inversa que se ha empezado a utilizar en el Estado desde fines del 2005. El problema es que aún el número de bienes que pueden adquirirse por esta vía es muy limitado y recién este año se hace de manera virtual. En México la mitad de las más de licitaciones ya son electrónicas a través del sistema Compranet Plus, una plataforma electrónica que funciona desde 1996. Y no estamos hablando de comprar papel y lápices, el gobierno de México gasta US$ 30 mil millones al año a través de este mecanismo. Esto ya se utiliza no sólo en México sino también en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los invito a entrar a www.chilecompra.cl cuan distinto pueden hacerse las cosas. Una vez más mi recomendación en este tema es que el gobierno debe aprender a utilizar la fuerza del mercado para obtener un mejor precio y un mejor servicio. El CONSUCODE es el llamado a liderar este esfuerzo, el presidente no debería empujarlo a un costado.

Publicado en El Comercio, Marzo 8, 2007

Thursday, March 01, 2007

Pensión Mínima en serio

Lo dispuesto ayer no hace sino poner las cosas en su sitio. El SPP debió nacer con reglas similares que el SNP y no fue así. Una de esas patas cojas que recién se corrigió en el 2002 fue la pensión mínima. Esto hubiese evitado mucho de los líos pro-desafiliación pero se dejó de hacer porque supuestamente era muy caro. Fiscalmente responsables a costa de los primeros pensionistas. Ojalá se le pague los devengados no pagados desde su jubilación.

CTS: Problemas y Soluciones

El peor error que se ha cometido con la CTS es pretender que resuelva dos problemas distintos a la vez. Quieren que la CTS brinde al trabajador un respaldo en la eventualidad del desempleo y que además sirva de liquidez extra para tus gastos corrientes. Y por si fuera poco ahora se además rinda altos rendimientos.

En su diseño inicial se optó por hacer un fondo contra el desempleo en lugar de un seguro contra el desempleo. Esta decisión fue clave en la historia de la CTS. Cuando usted compra un seguro, lo que usted paga es un derecho a ser compensado en caso de que el evento no deseado suceda. Por ejemplo, el seguro para el auto le permite en la eventualidad del robo tener un cheque que le sirve para pagar un nuevo auto. Obviamente eso es más barato que juntar plata todos los meses para poder comprar un auto en caso de que nos roben el auto. Hasta ahí las cosas uno podría pensar en que es más eficiente un seguro a un fondo de desempleo. ¿Por qué entonces se escogió la alternativa más cara? El problema está en que –como dice Barney, el dinosaurio que mis hijos ahora detestan- todos somos especiales. Todos somos distintos. ¿Por qué el SOAT cuesta menos para un auto particular que para un mototaxi? Porque el segundo tiene una mayor probabilidad de tener un accidente. Es más riesgoso y por lo tanto le corresponde una prima más cara. ¿A quien debo cobrarle más? ¿a una señora que tiene una historia de 20 años sin ningún accidente reportado o a un joven que recién saca su licencia de conducir?

Las compañías de seguro balancean sus riesgos asegurando gente de distintas características. Aquí se optó por constituir fondos individuales intangibles en lugar de que la gente opte por suscribir o no un seguro de desempleo que saliera de su bolsillo. ¿Por qué? En primer lugar, porque si fuera opcional probablemente nadie lo tomaría dado que una gran proporción de la población privilegia tener su sueldo completo en la mano y no en una cuenta intangible. En segundo lugar, si fuese opcional probablemente quienes lo tomarían serían aquellos con mayores problemas de encontrar un nuevo trabajo, los menos reciclables. Habría lo que se llama un sesgo de selección. Sólo me inscribo si estoy convencido que lo voy a necesitar. Esto hace que la siniestralidad –la cantidad de desempleados- sea más alta. Por lo tanto, sería menos rentable para las compañías salvo que suban el costo del seguro, con lo cual se reduciría el mercado potencial.

Ahora la queja es que los depósitos CTS rinden muy poco. Eso es sólo parcialmente cierto. Las cajas municipales pagan más de 15% mientras que los bancos pueden pagar 2 o 3%. ¿Por qué pasa esto si todas cuentan con el amparo del Fondo de Seguro de Depósitos? La respuesta es simple para las primeras es una mejor fuente de fondos que para la primera. ¿Por qué todos no tienen su CTS en la entidad que paga más intereses? Para algunos la tasa no lo es todo, prefieren el respaldo de una institución más grande, para otros hay un tema de facilidad de acceso y no todos cuentan con la misma red de agencias.

Finalmente, hay un tema pendiente para las autoridades. Deberían fomentar las transferencias interbancarias que podrían reducir el costo de transacción que involucra mover tu CTS de una institución a otra. No sólo se trata de transparencia sino hace falta facilitar el mecanismo que hace efectiva la competencia. Si yo pudiese mover mi CTS sentado en la cabina de internet, en mi casa, o desde mi oficina otro sería el equilibrio. ¿Ha hecho usted alguna vez una transferencia interbancaria para aprovechar una tasa más alta en otra institución? No hace falta darle este negocio a las AFP cuando hay instituciones financieras que hoy ofrecen rentabilidades altas a quienes así lo quieren.

Publicado en El Comercio, Marzo 1, 2007