La inversión privada, sana y sagrada

El MEF invitó a Arnold Harberger, padre de la evaluación de proyectos de inversión, a la reunión de todos los sistemas nacionales de inversión pública de América Latina. Harberger fue mi profesor y mi asesor académico así que el viernes luego del seminario del MEF almorzamos y charlamos sobre diversos temas compartiendo un tiradito. En medio de la charla me sorprendió un comentario suyo que reproduzco aquí. El profesor Harberger luego de dialogar con los medios de prensa se quedó sorprendido porque en la mayoría de ellos había este concepto que toda inversión privada era buena para el país. Me señaló con insistencia que nadie parecía preocupado por el otro lado de la ecuación en un proyecto de inversión.

En la práctica cualquier proyecto de inversión tiene costos y beneficios privados. Pero también costos y beneficios sociales que muchas veces no tienen porqué parecerse a los primeros.

Frente a la crisis muchos vieron la oportunidad para sugerir políticas de “emergencia” y de “necesidad nacional” con un objetivo más individual que colectivo. Estos pedidos han caído en el saco roto del MEF como correspondía. En efecto, las respuestas han sido en su mayoría más horizontales que puntuales. Muchas de las exoneraciones para dinamizar la inversión privada -que se desplomó con la crisis- terminan siendo no rentables desde el punto de vista social.

Si por ejemplo, exoneramos del SNIP la evaluación de un proyecto importante porque tendrá un impacto considerable en la inversión, ¿no estamos acaso asumiendo un costo para la sociedad? Cuando se discuten incentivos se suele separar los incentivos verticales (para un sector/grupo específico) de los incentivos horizontales (en teoría, para todos). Lo usual es decir que no se deben utilizar incentivos verticales pues generan distorsiones. Sin embargo, la línea que los separa es bastante borrosa. Piensen en el actual subsidio que se da vía el fondo de estabilización de combustibles. ¿Es acaso neutral entre personas o entre empresas? Claramente beneficia más a las empresas y personas que utilizan con mayor intensidad ese insumo. Parece para todos pero no todos se benefician igual.

Nadie duda del poder de la inversión privada como motor del crecimiento, arma para luchar contra la pobreza pero no toda es sana y sagrada, también hay de la otra que no hace falta promover. El Estado está forzado a priorizar porque sus recursos son siempre escasos y los fondos que hoy sirven para promover alguna actividad son los que no se le dan a otros. El Estado puede cofinanciar proyectos y compartir riesgos. El problema está en donde se pone la línea de balance. No puede permitirse que el privado le pida al Estado que asuma riesgos cuando el privado no está dispuesto a hacerlo.

Publicado en El Comercio Octubre 29, 2010