Thursday, May 26, 2005

¿Bancos usureros o clientes riesgosos?

En Lima no llueve en serio así que aquí nadie compra paraguas pero en otras ciudades uno tiene paraguas, impermeable y botas para la lluvia. La pregunta en ese caso es ¿cuánto estás dispuesto a pagar si es que olvidaste tu paraguas justo en medio de una lluvia intensa? Obviamente que el precio de ese paraguas será mayor al precio cuando no llueve. ¿Podemos calificar de abusivos o usureros a esos vendedores que nos ofrecen paraguas en medio de la lluvia? Obviamente que no. Nosotros siempre tenemos la opción de no comprar. Si nuestra disposición a pagar por ese bien es menor que el precio que ellos piden entonces no hay transacción. El precio de mercado no tiene porque ser siempre el mismo.

El Tribunal Constitucional (TC) ha cuestionado a los bancos porque según su fallo éstos sólo ponen a disposición de sus potenciales clientes contratos pre-redactados que impiden la negociación entre las partes. Es decir, en términos del ejemplo de la lluvia, el TC cuestiona que los clientes se mojen bajo la lluvia y no puedan negociar el precio de los paraguas con los bancos. Así como no aceptamos pagar tanto por un paraguas y caminamos una cuadra más, hacemos exactamente lo mismo cuando el representante del banco nos ofrece una tasa que consideramos elevada. Bueno, hasta que se nos acaba la paciencia o los bancos.

El TC no ha tomado en cuenta algo básico: no todos los clientes de los bancos somos iguales y por lo tanto el banco haría mal en ofrecernos un único producto a todos. No tiene sentido hacerlo. Por el contrario, el banco trata de segmentar, diferenciar a sus clientes y ofrecer a cada uno según sus características. Obviamente que tampoco el banco va a diferenciar uno por uno a sus clientes por la sencilla razón que es demasiado caro hacerlo. Es mucho más fácil tener 3 ó 4 productos básicos y tratar de encasillar a los clientes en esos. El banco reduce de esta manera sus costos de operación.

Lo otro que el TC ha ignorado es el carácter voluntario de la transacción entre nosotros y un banco. Desde nuestro primer juego de Monopolio estamos acostumbrados a negociar cada compra. Lo que no nos dábamos cuenta, a esa edad, era que en cualquier contrato de compraventa si las dos personas están de acuerdo con los términos del contrato y no estamos infringiendo las reglas del juego entonces la transacción es perfectamente legítima. Lo mismo pasa entre nosotros y el banco.

Lo que si puede pedir, no sólo el TC sino todos los potenciales usuarios, es mejor información para todos. Pero eso es labor de la SBS quien debe exigir a los bancos transmitan de manera efectiva a sus clientes el costo de las operaciones que están solicitando. No es por defender a la SBS pero creo que haciendo un tiempo ya viene trabajando por ese camino.

El TC debería pensar un poco antes de catalogar los bancos como usureros y pensar que quizás de lo que se trata es que esos bancos tienen que servir a un mercado donde hay clientes con distintos riesgos. Al haber aceptado esa demanda a un FAP el TC le ha aumentado el costo de financiamiento a todos los demás miembros de la FAP.

Publicado en El Comercio, Mayo 26, 2005

Thursday, May 19, 2005

Reflexiones desde Chile

Vengo de estar unos días en Santiago discutiendo en la Sociedad de Fomento Fabril las perspectivas económicas y políticas de América Latina. A pesar de que viajo seguido a Chile esta vez la sorpresa inicial vino de la autopista que habían inaugurado por debajo del río Mapocho. Recuerdo que hace 5 años cuando escuché la propuesta parecía una de esas cosas que los políticos dicen porque se le acabaron las ideas. Sin embargo, la obra ya está en operación desde hace unas semanas y en 20 minutos estuve en el hotel sin detenernos más de 3 veces en un semáforo. Los taxistas me indicaron que el peaje cuesta el equivalente a unos 10 soles. A todos los conductores se les obsequió un aparato que se coloca en el parabrisas y sirve para que sensores en la ruta te cobren automáticamente en función a cuanto haces uso de esta vía rápida. De esta manera no hay casetas de peaje, ni vueltos que dar, ni demoras. Luego, cada conductor recibe en casa la factura mensual. El taxi del aeropuerto al hotel cuesta unos 80 soles así que el peaje no es tan caro como parece.

En el seminario discutimos los casos de Argentina, México, Perú, Uruguay, y Venezuela. Lo común a las cinco experiencias es que a pesar de que algunos países muestran un desempeño muy superior a otros, en todos subsiste una fragilidad fiscal. México ha tenido un crecimiento muy débil y el gobierno de Fox ha fallado en cada intento de reforma fiscal. Curiosamente los principales opositores a los planes de reforma han sido los congresistas de la bancada oficialista. México no recauda más allá de 22% del PBI y la mitad de eso depende de lo que pase con el petróleo. Es decir, al igual que en el Perú sus ingresos fiscales están sujetos a mucha volatilidad, y tampoco ha reducido su deuda.

Argentina y Uruguay están saliendo del colapso del default de hace tres años. La recuperación que han visto tiene más de rebote que recuperación y en el caso argentino hay más dudas sobre si efectivamente el gobierno está sembrando futuras tempestades. Sobre Uruguay, el mayor éxito del nuevo presidente es no haber metido (hasta ahora) metido la pata. Como les pasa a todos los nuevos presidentes de izquierda tiene que pasar el test clave. ¿A quien se parece más: a Lula o a Chávez? Por lo hecho hasta ahora parece que Tabaré Vásquez está más cerca de Lula.

Las historias sobre Venezuela son para alarmarse. El presidente Chávez goza de amplia popularidad a un creciente gasto fiscal apoyado en los precios del petróleo. En el camino, ha afectado significativamente la capacidad operativa de PDVSA, la empresa de petróleo que no puede cubrir sino el 80 por ciento de su cuota fijada por la OPEP. Esta factura la van a pagar si o si. Venezuela ha apostado por ignorar todas las señales que el mercado provee y ha optado por una retórica donde las palabras complot y CIA son cada vez más frecuentes.

Finalmente, otro factor común en todos estos países es el grado de incertidumbre sobre el rumbo de sus políticas económicas. Como dije en Santiago, la única certeza que tenemos es que el futuro nos depara más incertidumbre.

Publicado en El Comercio, Mayo 19, 2005

Thursday, May 12, 2005

Pórtense como congresistas

Aunque parezca que estoy loco, mi recomendación es esa: actúen como lo hicieron los congresistas. Dicha recomendación obviamente va a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) quienes tendrán que resolver en unos días más si ponen punto final a una serie de demandas de inconstitucionalidad planteadas por grupos afectados por la reforma del regimen pensionario del DL 20530, más conocido como Cédula Viva.

El año pasado contra lo que propios y extraños creíamos el Congreso aprobó -en segunda votación- lo que para muchos es el mayor logro del presente gobierno: el cierre de la Cédula Viva. Si para poner en marcha Camisea nos demoramos más de 20 años; para cerrar la Cédula Viva se tardó más de 40 años. En 1962 se intentó sin éxito. Luego vino el DL 20530 de 1974, que supuestamente cerraba la Cédula Viva pero hemos tenido que esperar hasta ahora para hacerlo en serio. Bueno, casi. Ahora el TC tiene que volver a opinar como ya lo hizo en un fallo anterior para ponerle punto final a un sistema del cual muchos se aprovecharon y terminaron por hacerlo absolutamente insostenible, injusto y corrupto.

Sin embargo, ahora los mismos que intentaron impedir que este trascendental paso se diera han presentado un pedido ante el TC para que este declare inconstitucional todo el proceso y se regrese a la situación previa a la reforma. Esto era totalmente esperable pero no deja de poner en riesgo todo lo avanzado. Me explico. Una cosa fue que 88 congresistas votaran a favor de la reforma. Otra cosa más complicada aún fue que congresistas que a pesar de que iban a recibir los beneficios de la Cédula Viva votaran a favor del cierre del régimen.

Hay dos diferencias enormes entre la votación que tiene que hacer el TC y la del Congreso. La primera es que de seis miembros, cuatro de ellos son beneficiarios de la Cédula Viva. Es decir, la mayoría. Esto no pasaba en el Congreso y por lo tanto era más probable que la reforma se aprobase. La segunda diferencia es más fundamental aun. Mientras los congresistas son “juzgados” en la siguiente elección por los votantes que sabrán como votaron en los momentos claves (Cédula Viva, regalías, votación facultativa, etc); los miembros del TC no estan sujetos a ese tipo de penalidades ciudadanas. Y al ser de última instancia su fallo no será revisado por nadie más.

Es por todo ello que el proceso de reforma constitucional liderado por el Ejecutivo fue extremadamente cuidadoso de respetar en cada momento el debido proceso y atender con especial cuidado las recomendaciones que el propio TC planteó en fallos previos. Espero, como todos, que el TC se porte a la altura del caso reafirmando un compromiso por añadir sensatez en la política de pensiones públicas, y por evitar los excesos que plagaron el régimen de la cédula viva. Sinceramente espero que el fallo confirme la voluntad de transformar el sector público que 88 congresistas apoyaron en diciembre pasado poniendo primero el Perú y no sus bolsillos.

Publicado en El Comercio, Mayo 12, 2005

Thursday, May 05, 2005

La terrible lógica del Estado incapaz

Para cualquiera de nosotros sería absurdo argumentar que el Estado peruano es un ejemplo de eficacia a nivel internacional. Creo que no hace falta mencionar ejemplos. Hace unos días tuve que contestar un cuestionario sobre las capacidades de los estados latinoamericanos. Dicha encuesta está basada en un trabajo de Weaver y Rockman donde se discuten 10 capacidades que debería tener un Estado eficaz. Muy rapidamente se dice que un Estado es eficaz si es capaz de: (1) priorizar entre múltiples demandas, (2) asignar recursos donde sean más efectivos, (3) cambiar políticas que no funcionan, (4) coinciliar objetivos en conflicto, (5) imponer, si fuese necesario, costos a los ricos y poderosos, (6) tomar en cuenta los intereses de los que no tienen capacidad de hacerse escuchar, (7) aplicar efectivamente las políticas que aprueba, (8) tener políticas estables, (9) cumplir los acuerdos internacionales que firmó, y (10) acomodar los intereses de los distintos grupos sociales para evitar conflictos internos.

No les puedo decir lo que contesté en la encuesta pero seguro que cada uno de ustedes tendrá su opinión sobre como calificar al Estado peruano en cuanto a estas capacidades. Obviamente que no todo es un desastre en el Estado peruano. Hay ejemplos destacables y el Premio a las Buenas Prácticas Gubernamentales que pronto entregará Ciudadanos al Día nos mostrará como también hay un Estado que se preocupa por el ciudadano y busca ser eficiente.

Hace poco en un debate sobre la reforma del Banco Central surgió la preocupación de algunos que sostenían que era mejor no hacer nada porque si una propuesta muy pensada y equilibrada entraba al Congreso, nadie podía garantizar que cosa saldría. Es decir, hay un temor a hacer porque podemos terminar en una peor situación. Inclusive desde este diario se sostuvo –hace unos meses- que el Congreso debía no hacer nada el último año de su mandato porque los incentivos estaban listos para inundarnos de nuevas leyes inútiles, populistas y desestabilizadoras.

Esa lógica nos conduce a decir que al Estado peruano le deberíamos apagar la luz para que no estorbe o estropee. Con esta lógica algunos congresistas sostienen que no hay que permitir que empresas chilenas inviertan en el país porque se van a aprovechar de nuestro Estado incapaz de defender los intereses de la nación. Pero a su vez confian que el Estado descubrirá a los testaferros. ¿En qué quedamos es o no incapaz? ¿No es mejor pedir en el contrato de concesión que las empresas tengan un capital mayor y así descartar que empresas de países de bajos ingresos operen nuestros puertos o aeropuertos?

La tarea de todos debería ser construir un Estado que si puede tener resultados favorables para el ciudadano, que si puede defender los intereses del Perú. Para ello obviamente no podemos pedir que el Estado haga todo, sino que concentre sus esfuerzos en aquello más indispensable. Participemos en las decisiones políticas en lugar de quejarnos que otros hacen mal las cosas. Debatamos públicamente con aquellos que defienden ideas que promueven el subdesarrollo con “ingeniosas” propuestas. Me parece absolutamente inaceptable asumir la premisa que como el Estado es incapaz debemos resignarnos a mejor no hacer nada.

Publicado en El Comercio, Mayo 5, 2005