El Congreso ha prometido insistir en la ley que autoriza que los trabajadores que en su momento optaron libremente por una AFP retornen en cualquier momento al sistema nacional de pensiones. El Ejecutivo mientras tanto intenta limitar el momento de esta segunda decisión al instante en que el trabajador se jubila. Cuando hablo del tema de AFP siempre pido que piensen en el afiliado. Es decir, las normas a veces parecen buenas pero muchas veces sólo lo parecen. Esta es una de esas. El MEF ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que de aprobarse esta ley podrían desafiliarse un poco más de 200 mil afiliados con un costo más allá de los 2,700 millones de dólares. Creo que el MEF se equivoca en esto. No creo que la norma sea mala porque mucha gente se desafilie. La norma es mala porque ofrece algo que no existe: mejores pensiones en el SNP para todos los que se desafilien. Eso es más falso que un billete de dos soles.
Las mejores pensiones sólo serán para un grupo muy reducido de personas. Es más, inclusive ese grupo no ha empezado a hacer números sobre cuánto es lo que le costará desafiliarse. A todos los que están pensando en que esta es la ley que estaban esperando los invito a calcular cuanto les costará pasarse. Se darán cuenta que buena parte de su fondo está ahí porque las inversiones que las AFP hicieron han generado una buena rentabilidad. Se darán cuenta –en algunos casos- que no tienen la plata para pagar la desafiliación de una sola vez. ¿Los demás afiliados tenemos que pagar ese costo? O peor aún, seremos todos los peruanos quienes debamos pagar con nuestros impuestos ese costo. Lo lógico sería que cada uno baile con su pañuelo. Si se está aprobando esta ley en el nombre de la libertad individual, entonces que cada quien pague lo que debe. Eso de pedir plata ajena no es libertad, es abuso.
Insisto en que la solución al problema de diez o doce mil personas no puede ser dar un paso en el sentido contrario a completar la reforma previsional en el país. No tiene ningún sentido seguir manteniendo este diseño institucional donde el sistema privado y el sistema público de pensiones supuestamente compiten con reglas distintas. Es urgente replantear el debate para pensar en sistemas complementarios entre sí, donde el Estado busque (1) ampliar la cobertura previsional a una mayor proporción de la población, (2) mejorar el nivel de las pensiones de todos los trabajadores. Para ello, no se necesita dos sistemas trabajando uno peleando con el otro sino dos sistemas apoyándose entre sí, nutriéndose uno de las fortalezas del otro y viceversa.
Soluciones intermedias como la que planteará el Ejecutivo dejando libertad de elegir al momento de la jubilación sólo prolongarán un problema que no es de diez o doce mil trabajadores sino de millones que hoy no tienen pensión alguna. Lamentablemente el Congreso no la ve y el Ejecutivo parece más preocupado en poner el dedo en los huecos de un embalse ya bastante agujereado por la creatividad legislativa. Y los candidatos a la presidencia están más interesados en besar bebes o ensayar pasos de baile, que en proponer reformas que efectivamente mejoren el bienestar de los trabajadores. Tanto para los que hoy esperan tener una pensión como para los que no.
Publicado en El Comercio, Febrero 16, 2006
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