Imagínese que usted quiere que una entidad financiera le otorgue un crédito. Para que ello suceda dicha entidad le pedirá cierta información para complementar la información que se almacena sobre el conjunto de personas y empresas que ya están registrados. En el Perú hay un registro público que lo maneja la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y un registro privado que es operado independientemente por empresas que se conocen como Centrales Privadas de Información de Riesgo. Lo curioso de nuestro esquema es que no todas las entidades que conforman el sistema financiero tienen toda la información existente en estas centrales de información y no todas tienen acceso al registro público de la SBS.
Esto en economía es un típico ejemplo de asimetría de información. La persona que está sentada frente al mostrador tiene más información que aquel que está sentado detrás del mismo. Es decir, la entidad financiera no sabe que tan buen pagador es este potencial cliente. Lo más razonable sería que estas entidades financieras conocieran la posición global de cada potencial cliente con todo el sistema financiero. De esta manera se reducirían los problemas de asignar créditos a clientes que no deberían recibirlos.
Piensen como actuarían ustedes si no tuviesen toda la información necesaria para clasificar a ese potencial cliente que está sentado frente a ustedes pidiendo un crédito. Lo lógico sería hacerlo pagar por el riesgo que involucra prestarle. Es decir, mientras más riesgoso me parezca, ya sea porque conozco quien es o porque no conozco quien es, la tasa de interés que le voy a exigir que pague será mayor. La única opción para este individuo será alegar con mayor información que él si es un buen pagador y por lo tanto se merece una tasa de interés más baja.
El verdadero rol de las centrales de información de riesgo es permitirle a los clientes del sistema financiero construir su reputación y exigir que se les cobre en función a ella. Si se opta por esconder esta información arbitrariamente, las entidades financieras jugarán por lo seguro exigiendo una tasa de interés más alta, no vaya a ser que uno sea un mal pagador.
Sin embargo, esta semana el pleno del Congreso aprobó que las centrales privadas de información de riesgos sólo incluyan en sus bases de datos la información referida exclusivamente a deudas en el último año, siempre y cuando estas deudas superen los 102 soles. Hasta hace unos años, se incluían los datos de los últimos cinco años pero el Congreso lo redujo a solo dos años. Es decir, el Congreso sigue creyendo en la política de que la mejor estrategia para proveer de mayor crédito y a mejores tasas a la población es permitirle a los malos deudores esconder la basura bajo la alfombra. ¿Habrá hecho el Congreso una evaluación de su anterior medida para actuar de esta manera? ¿O es que nuestros legisladores siguen creyendo que la información no tiene valor y es la única opción para que las entidades financieras actúen con mayor equidad?
Publicado en El Comercio, Julio 13, 2006
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