Transparencia si, control no

La semana pasada decidí no sumarme a las editoriales que rechazaban el proyecto de fiscalización a las ONG porque ingenuamente pensé que los congresistas de todas las tiendas entrarían en razón y abandonarían la idea. Pero no ha sido así. Por el contrario, han surgido más voces defendiendo la idea que las ONG deben ser no sólo obligadas a registrarse ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sino que además deben estar sujetas a que la APCI les de el visto bueno para seguir operando siempre y cuando sus proyectos estén “en armonía” (es decir, ¿alineados disciplinadamente?) con lo que el gobierno de turno tenga como objetivos para la cooperación internacional.

El gobierno y algunos legisladores de la oposición confunden el rol del Estado en exigir que estas asociaciones privadas informen sobre las fuentes de su financiamiento y el destino de dichos fondos. Según este grupo, de esta manera se podrá saber si esta parte del sector privado no está haciendo cosas en contradicción con los objetivos del gobierno. ¡Qué frescura! Si alguno de nosotros quiere poner su ONG dedicada a ir en contra de la política del gobierno utilizando el espacio que la Constitución nos confiere a los ciudadanos para expresarnos con libertad, ¿el gobierno de turno debería censurarnos? ¿Acaso tiene sentido creer que el gobierno de turno conoce cuales son las verdaderas prioridades que necesitan ser atendidas en el país? Por ejemplo, ¿todos debemos preferir los árboles a las minas, o viceversa?

El gobierno debería confiar en el más cruel de los árbitros: el mercado. Por un lado, si alguna ONG hace mal uso de los fondos que alguna entidad cooperante le ofrece lo más probable es que saldrá del mercado pues no le renovarán su confianza. Y si es que hay alguna fuente de cooperación internacional que alivia sus penas enviando dinero a esta ONG será su problema si es que quiere desperdiciar sus fondos. El Estado no puede sancionar a esa ONG por destinar los fondos a usos que a algún funcionario del Estado le parece que está mal. ¿En dónde queda la libertad de contratación?

Por otro lado, si es que alguna ONG tiene la capacidad financiera incondicional y se embarca en un ataque frontal en algún tema específico no será otra cosa que un lobbista más en dicho tema. En esa condición podrán surgir otras ONG que hagan contrapeso a sus posiciones “extremas” o su propia postura extrema hará que el mercado valore poco su palabra porque se sabrá que sus argumentos son más bien ideológicos y no fundamentados. Por último, el Estado podrá utilizar sus recursos para mostrarle a la ciudadanía como los argumentos de dicha ONG son errados o no son convenientes para el país. ¡No puede ser que la herramienta del Estado sea cerrar la ONG!

Sería genial que la APCI informara cuantas ONG cierran. Así como es muy ilustrativo saber que tipo de empresas cierran, sería igual de interesante conocer porqué algunas ONG no tienen más remedio que cerrar sus puertas y salir del mercado.

¿Por qué los congresistas no empiezan pidiendo información a los gobiernos regionales y municipales sobre las usos que les dan a los fondos públicos que reciben? Ahí si hay necesidad de armonizar, fiscalizar y vigilar. El que se construyan monumentos al dinosaurio no está en “armonía” con las necesidades de la población. Si algún privado quiere hacerlo con su plata y en su jardín, a lo más sentiremos lástima por sus vecinos pero está en su derecho. El gobierno debe entender que sólo puede controlar los fondos públicos. No dejemos pasar una ley así.

Publicado en El Comercio, Noviembre 9, 2006