Debo confesar que esta semana me costó mucho escoger un tema para esta columna. No porque no haya pasado nada más importante que la renuncia de Autuori a dirigir la selección de fútbol, sino porque a veces sencillamente me cuesta entender porque nuestros congresistas actúan de la manera que actúan.
Para empezar su reciente iniciativa para limitar el acceso a empresas que vengan de países vecinos a invertir en los sectores “estratégicos”. Es decir, si por ejemplo por alguna pachotada del congresista Pacheco nos fuéramos a la guerra con Chile, alguna gente cree que perderíamos porque la empresa concesionaria del puerto del Callao sería el factor desequilibrante en el conflicto. La verdad es que resulta ridículo que se piense así. Una versión soft de este razonamiento es que poner en manos de una empresa chilena la administración del puerto del Callao sería un peligro porque dicha empresa actuará estratégicamente minando (¡no poniendo bombas sino reduciendo!) la capacidad competitiva de nuestro puerto frente al de Mejillones en Chile.
Esto implica suponer que OSITRAN quien deberá supervisar a la empresa concesionaria estará pintada en la pared y además que el contrato que se firme con esta empresa será absolutamente torpe y miope. Lo obvio es que el contrato sea nuestra arma de defensa estratégica para que la empresa concesionaria (no importa de donde venga) haga lo que el Estado peruano quiere que se haga con el puerto del Callao. Si nos interesa que el puerto tenga 10 grúas pórtico al cabo de 2 años y tres muelles al cabo de 10 años que se ponga en el contrato. Aquí lo que importa es el contenido del contrato. ¿Acaso somos incapaces de defender nuestros verdaderos intereses como son el tener un puerto eficiente y que deje de ser un lastre para la competitividad del país? Sólo si creemos que en efecto eso es así entonces aprobemos estas cláusulas en las que reconocemos nuestra inferioridad y debilidad. Como reconocemos que no podemos hacer que esas empresas hagan lo que está en nuestros intereses entonces cerrémosles las puertas. Patético.
Si algo caracteriza al actual Congreso es la enorme proporción de leyes observadas por el Ejecutivo. En el pasado solo en el enfrentamiento entre Fujimori y el Congreso del 1990-92 se llegó a cifras parecidas. Durante los años previos al autogolpe el Ejecutivo observó más de la mitad (52%) de las leyes aprobadas por el Congreso. Frente a esto el Congreso consiguió insistir en una quinta parte de dichas leyes. En esas épocas el propio Congreso cedió un enorme terreno al Ejecutivo permitiéndole aprobar vía el procedimiento del Articulo 211 inciso 20 (el predecesor a los decretos de urgencia) más del 70 % de la legislación. En este Congreso, no más de 20% de la legislación aprobada ha sido vía decreto de urgencia. Sin embargo, un tercio de las leyes han sido observadas por el Ejecutivo.
A diferencia del período 1990-92, no creo que la razón detrás de tantas leyes observadas sea producto de un enfrentamiento entre poderes. Inclusive muchas de las iniciativas observadas son del propio Perú Posible. Ojalá esta vez prime la sensatez en la Plaza Bolívar. Una cosa es que se vaya Autuori, otra es condenarnos a un puerto ineficiente.
Publicado en El Comercio, Abril 28, 2005