Aunque provoca decir que los congresistas se llevaron la materia de libre desafiliación para marzo, supongamos para todo fin práctico se pondrán de acuerdo y hoy se aprobará en segunda votación la versión definitiva de libre desafiliación. La pregunta que realmente importa es ¿y luego de eso qué viene en la agenda de la reforma previsional? Más aún ahora que ya tenemos nuevo Superintendente quien seguro tendrá su propia opinión sobre que prioridades enfatizar en este tema.
Lejos del tono confrontacional de otros documentos del Banco Mundial en temas previsionales, el último volumen publicado por este organismo (Perú: Una Oportunidad para todos) incluye un capitulo sobre que hacer en los primeros cien días del nuevo gobierno en esta materia. Para empezar hay que decir que estamos muy en línea con el diagnostico que se señala ahí pues recoge muchas de las ideas que incluimos en un documento que escribí para la campaña electoral llamado “Las Reformas Pendientes del Sistema Previsional Peruano”. Como ustedes saben una buena solución empieza con un buen diagnostico. En dos palabras el resumen es que el SPP funciona bien pero que no cubre sino a una delgada minoría de la población. Además, se sostiene –como lo venimos haciendo hace varios años ya- que esta situación se debe a la tasa de informalidad de la fuerza laboral peruana. Por lo tanto la solución no podrá venir de reformar las reglas del actual SPP sino que hay que mirar el problema con una perspectiva más amplia y repensar el esquema que el Estado ha escogido para proveer de pensiones a las personas cuando estas alcancen la edad de jubilación. La búsqueda de un Estado inclusivo implica evitar que las personas al llegar a la tercera edad no pasen a depender exclusivamente de la solidaridad de sus lazos familiares. Hoy, sólo uno de cada cuatro tienen cobertura previsional.
En el actual esquema el SNP y el SPP lejos de cooperar para que los trabajadores disfruten de mayores pensiones, conviven sin que eso beneficie a ningún trabajador. Imaginen un esquema en el que el Estado garantiza dos tipos de pensiones: (1) una pensión básica –la cual no requiere contribución- pero que sólo se otorga a las personas que hayan tenido ingresos por debajo del salario mínimo, esta pensión podría otorgarse únicamente por 10 años (desde los 65). Además, (2) una pensión mínima a todos los que cumplen un conjunto de requisitos como aportar un número mínimo de veces. Este tipo de pensión ya existe. El Estado sólo aporta sus fondos cuando se requieren. Si los aportes individuales y la rentabilidad generada permiten tener una pensión mayor a la mínima entonces el Estado no tiene porqué usar sus recursos. Sólo actúa otorgando una garantía de pensión mínima. En ambos casos el financiamiento proviene de los recursos del Tesoro Público. Para evitar incentivos perversos la pensión básica deberá ser una proporción fija de la pensión mínima, por ejemplo, la mitad.
¿Qué es lo que se ganaría con esta reforma? Primero duplicar la cobertura actual. Los trabajadores formales no serán los únicos en acceder a una pensión en la vejez. Segundo, se logrará un mejor uso de los recursos fiscales destinados a pensiones dado que más personas pagan con sus aportes una mayor parte de sus pensiones y el Estado cambia su rol de proveedor exclusivo para un grupo reducido –y no precisamente el más pobre- por uno de promotor de una mayor cobertura y mejores pensiones. Nosotros hicimos algunos cálculos y el Estado podía aumentar la cobertura para las personas mayores a 65 años de 28% a 55% gastando menos de 0.5% del PBI. La mente de los legisladores debería estar enfocada a como ampliar la cobertura a más peruanos y no como reduzco las ganancias para los dueños de las AFP. Lo segundo no implica lo primero y tampoco es lo realmente prioritario.
Publicado en El Comercio Marzo 22, 2007
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