Todos sabemos que el proceso de descentralización se hizo con prisa y sin pausa. Hoy, vemos los resultados: las regiones que más recursos tienen a su disposición son a su vez las más pobres. Tremenda contradicción, pero esto no es una opinión sino un dato de la realidad. Lo que es claro hoy es que la situación actual no sirve, no está bien, no corrige los problemas. El proceso trató de evitar errores más que apoyar la posibilidad de grandes aciertos. Las leyes limitaron más que promovieron.
Este gobierno o cualquiera que venga luego, necesita replantear roles, recursos y responsabilidades a los gobiernos subnacionales. Esto sin duda sacará ronchas, pero la opción de no hacer nada es inaceptable. Hoy vivimos una etapa de amplios recursos que son producto de la explotación de un producto no renovable. Lo responsable es utilizar dichos recursos de manera inteligente. La prioridad no debe ser gastarlos, sino hacerlo bien.
El pacto fiscal debe incluir las reglas bajo las cuales se deberá repartir de mejor manera los recursos fiscales de la Nación entre los tres niveles de gobierno: central, regional y local. Se necesita priorizar el rol que el Estado tiene frente a toda la Nación de buscar igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Hoy, tenemos algunas herramientas de igualación como el FONCOMUN, que deberían usarse de manera más profunda y radical. Sin embargo, esa herramienta no es suficiente. Se necesita ahondar los mecanismos de coparticipación de los ingresos.
Pero la plata debería venir con responsabilidad, y más recursos deberían venir con mayor responsabilidad y con éxito en la gestión de dichos recursos. Pero no sólo se trata de repartir recursos sino que se tiene que repartir también responsabilidades de gasto. A mi juicio, el gobierno central debe conservar el rol de decirle a gobiernos regionales y locales en qué se debe gastar los recursos. Digamos, que hay un combo de servicios públicos que uno esperaría para una ciudad de determinado tamaño e ingreso. Aquí el gobierno puede actuar de dos maneras: una es obligar a los gobiernos subnacionales a invertir para lograr dicho piso mínimo, la otra es informar a la población de cada lugar, que es lo que deberían tener y no tienen. Este es el reto más grande de los próximos años.
Publicado en El Comercio Diciembre 17, 2011
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